26/8/07

Sindicatos de D&S buscan advertir a países vecinos por prácticas laborales

Empresa supermercadista tiene, según dirigentes, más de 4.000 denuncias en la Dirección del Trabajo, con multas por $300 millones, donde ''somos clientes frecuentes''.
Caso ha sido tratado con especial detención en la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados, que busca citar a los dueños.
Empleados temen, además, efectos por la anunciada fusión con Falabella.
Una serie de prácticas antisindicales y problemas en las relaciones laborales en la empresa, denunciaron dirigentes sindicales de D&S, situación que ya han puesto a disposición de la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.
Fuentes de los sindicatos dicen que este tema está en conocimiento hace tiempo por parte de la autoridad fiscalizadora y comentan que ante los planes de expansión de la firma, luego de la eventual fusión con Falabella, están dispuestos a denunciar el tema a instancias laborales internacionales, para que éstas hagan saber de esta situación a los países vecinos donde busca desarrollarse la empresa.
Juan Moreno, presidente del sindicato Líder:
"En D&S hay casi 40.000 empleados y 53 sindicatos, pero de éstos muy pocos están funcionando porque la empresa se ha encargado de despedir a los dirigentes, de presionar a sus representantes, incluso de ofrecerles dinero, a mí en marzo me ofrecieron 22 millones de pesos para dejar el sindicato y al presidente cuando se fue le ofrecieron 16,5 millones y bueno, el se fue. Yo no lo acepté", dice Moreno.
El dirigente cuenta que el tema ha sido expuesto a fondo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en particular al diputado Montes, quien tiene todos los detalles al respecto. "Ellos han invitado a los dueños, pero estos no aceptaron la primera vez, nos dijeron que van a insistir", comenta el dirigente.
Moreno cuenta que la empresa tiene en su interior más de 178 razones sociales y éstas son las que contratan, por ejemplo, a las cerca de mil cajeras (y cajeros) de la cadena.
Destaca que las cajeras, denunciaron que no se les permitía ir al baño e incluso se le ofreció "pañales", ganan menos del mínimo, entre $120.000 y $130.000 promedio, porque desempeñan jornadas especiales de 30 horas a la semana, que se considera trabajo part-time.
A ellas, dice, recientemente se les hizo una modificación de un incentivo que tenían por ventas, lo que les restó de su sueldo un beneficio por $20.000 adicionales con el que contaban.
"Hay que tener claro que más del 52% de los 38.000 trabajadores son mujeres y el 40% son jefas de hogar a cargo de dos o tres hijos y una persona no puede vivir así", dice Moreno.
No fue posible obtener una versión más acabada sobre el tema.
Los trabajadores de D&S están particularmente preocupados de la eventual fusión con Falabella, porque estiman que "el que va a controlar el tema es ésta última, que trabaja mucho con empresas part-time".
"Los señores Cúneo e Ibañez dijeron a la prensa que no iba a haber despidos y al otro día fueron despedidas más de 200 personas en D&S, porque según ellos, están ajustándose a los nuevos tiempos”, señala.
Y el tema de las subcontratación no se respeta para nada, afirma.
También, sostiene, se hacen simulaciones de finiquitos, otra práctica prohibida.
"Vamos hacer una queja formal ante la OIT, estamos trabajando en eso. D&S ya lleva 300 millones pagados en multas a la Dirección del Trabajo y ellos no se hacen problema", afirma.
Los dirigentes prometen realizar algún tipo de movilización al respecto.
De hecho, la CUT ha estado advirtiendo que uno de los sectores donde próximamente podrían producirse movilizaciones es en el rubro del retail.
Moreno lamenta que esto suceda cuando existen destacados personeros que han sido miembros del directorio, como el actual ministro René Cortázar, o actualmente formen parte de la administración de D&S, como el actual gerente de comunicaciones corporativas, el ex ministro Claudio Hohmann.

Familiares de detenidos desaparecidos rechazan versión de ex agente de la DINA

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó hoy el testimonio de un ex agente de la DINA, Carlos Herrera Jiménez, preso como ejecutor del asesinato de del sindicalista Tucapel Jiménez, según el cual "nunca serán encontrados" los restos de sus parientes, y reclamó que el ex represor sea interrogado para contribuir a la verdad.
Carlos Herrera Jiménez sostuvo que los restos de los desaparecidos no serán encontrados porque los métodos represivos funcionaron "lamentablemente, muy bien".
Mireya García, vicepresidenta de la agrupación, dijo "no basta decir que los desaparecidos fueron lanzados al mar" durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y "lo que corresponde es que Herrera Jiménez sea interrogado por el juez para que entregue la información que él debe tener, en forma mucho más explícita".
"Decir que se utilizaron métodos para que nunca aparezcan nuestros familiares tampoco basta. Eso lo sabemos", afirmó.
"La verdad que estamos buscando tiene que ver con que se señale los lugares, los días, los momentos, los responsables, quienes operaron y cómo se hizo esta operación de esconder los restos de nuestros seres queridos detenidos desaparecidos", subrayó Mireya García.

La vicepresidenta dijo que "basta con que los jueces hagan buenas investigaciones y con que se tenga un mínimo de voluntad por parte de los violadores a los derechos humanos para que la verdad emerja y se avance en aclarar los hechos en torno a cada una de las personas detenidas desaparecidas".
La dirigente subrayó que finalmente "lo que aquí falta es justicia".
"En la medida que falta justicia, falta llegar a quienes tienen mayores responsabilidades que no son solamente (Manuel) Contreras, (Pedro) Espinoza y otros, sino muchos más. Y ahí está la responsabilidad de los tribunales y de nosotros de no cejar nunca en esta búsqueda", concluyó.
El diputado Leal afirmó que no habrá amnistía para los casos de violaciones a los derechos humanos.

5/8/07

Alejandro Goic y la inequidad en el país

“Si no la resolvemos, las movilizaciones continuarán”

El obispo critica a la prensa que sólo publica las opiniones de la Iglesia en materia de sexualidad, pero nada dice cuando levanta la voz en temas sociales. “La moral es una; tiene dimensiones en la sexualidad, la política, en la economía y en la creación de una sociedad más justa”, recuerda.
Por Soraya Rodríguez
El viernes 14 de septiembre de 1973, algunas esposas de detenidos políticos en Punta Arenas solicitaron ayuda al entonces sacerdote Alejandro Goic. Este les dio “aliento y fortaleza” y les sugirió que acudieran al recién nombrado obispo, el salesiano Tomás González. Dos días después, ambos siguieron las instrucciones del cardenal Raúl Silva Henríquez, “abrieron las puertas y los corazones a las víctimas” de la represión y luego instalaron en la catedral una modesta oficina que atendía Goic, dando vida al Comité Pro Paz local.

Hoy, al retomar la búsqueda del diálogo a favor de los más débiles como presidente de la Conferencia Episcopal, no teme volver a ser calificado como un “cura rojo”.

“Yo fui muy criticado en el régimen militar, pero lo que traté de hacer, dentro de mis limitaciones, fue defender a la gente que era perseguida. Hoy son nuevas luchas, y esto que estoy diciendo es el Evangelio, la doctrina de la Iglesia, lo que dice Juan Pablo en su encíclica social, es lo que decía Alberto Hurtado. No he dicho otra cosa”, responde sereno.

Con el mismo tono critica a la prensa que sólo publica las opiniones de la Iglesia en materia de sexualidad, más conservadora, pero nada cuando levanta la voz en temas sociales.

“La moral es una; tiene dimensiones en la sexualidad, en la política, en la economía, en la creación de una sociedad más justa, pero parece que cuando uno toca estos temas, no quieren publicarlos”, advierte.

Tras conocer el informe del PNUD del 2005, previo a la elección presidencial, este hijo de inmigrantes croatas ya nos enrostraba las “escandalosas diferencias en la distribución de los ingresos” y clamaba: “¡Es necesario superar esta dolorosa situación! Están dadas todas las condiciones para ello”.

Vocero de una advertencia que recién ahora parece ser escuchada, Goic, en su metro 90, con sus dolores lumbares y la calma que casi oculta su preocupación, sostiene que el diálogo es la clave y vuelve a llamar a Codelco para que cumplan el acuerdo con los tercerizados.

-La Iglesia advertía desde el informe del PNUD la necesidad de buscar caminos de justicia social. ¿Qué ha pasado que no la escuchan?

-En abril del 2005, previo a la elección de la actual Presidenta de la República, junto con destacar los avances que ha tenido el país desde la recuperación de la democracia, señalábamos que persisten desigualdades escandalosas.
Desde esa fecha, hemos avanzado, pero no lo suficiente. En este conflicto, cuando se produjo la quema de los buses, hice una declaración condenando la violencia e invitando al diálogo; y después como Conferencia Episcopal sacamos una declaración en la cual decimos que hay una cuestión estructural en la sociedad chilena que tenemos que mejorar.
Y a raíz de estas declaraciones empezaron a acercarse autoridades de Codelco, ministros de Estado y los trabajadores contratistas. Me di cuenta que los actores acudían, una vez más a la Iglesia.
Yo fui sólo un facilitador de ese diálogo.

-También en dictadura la Iglesia advirtió sobre la necesidad de dialogar para evitar una escala de violencia.

-De siempre. Hay una declaración profética de la Conferencia Episcopal, del año 68, la que, frente al clima que se avecinaba, decía que si no se calmaban los espíritus vendría todo tipo de situaciones, y describía sobre la posibilidad de un gobierno de facto.
No se le hizo caso.
Ahora hemos recuperado la democracia y el país ha crecido económicamente, lo que falta es mayor equidad social. Eso ha mostrado el conflicto reciente. Tal como la Iglesia intervino en momentos difíciles, cuando se violaba la dignidad humana, ahora queremos defender y valorar el derecho de los trabajadores.

-¿Qué diría a los empresarios que critican esta negociación?

- Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus (1991) dice que el verdadero concepto de empresa es una comunidad humana, donde todos son importantes. Por lo tanto, lo justo sería que si la empresa crece haga participar de ello a todos sus trabajadores, empezando por los que tienen menos. Los que tenemos el don de la fe tenemos el imperativo de trabajar por la justicia social, que está en las entrañas del Evangelio. Sé que a algunos hombres de empresa no les ha gustado esto, pero tengo entendido, sin ser un experto, que si ambas partes así lo acuerdan puede haber diálogo.

-¿Eso tiene relación con la estabilidad política?

-Nosotros supimos lo que era vivir en dictadura, donde sólo había una voz.
La transición a la democracia en Chile, con todas sus limitaciones, ha sido extraordinaria, pero nos falta este otro paso: que esa riqueza se pueda distribuir más equitativamente sin que la empresa deje de producir.
Si no empezamos a resolver esto, las movilizaciones van a continuar. Tenemos que anticiparnos sabiamente y por eso he llamado a un debate nacional.

-¿Cuál es el rol que deben asumir los gobiernos para superar esta brecha?

-Se debieran buscar canales para dialogar, no para resolver inmediatamente el tema. No se puede desincentivar la producción, pero ¿por qué no sentarse a la mesa y hacer esfuerzos serios para que en la cercanía del Bicentenario, gradualmente, logremos un país más equitativo?

DIJISTE LIBERTAD ANTES QUE NADIE