20/3/08

Renacionalización del Cobre

Durante los 12 días de la República Socialista de 1932, que duró del 4 al 16 de junio de ese año, que dirigieron los fundadores del Partido Socialista, camaradas Marmaduque Grove y Eugenio Matte Hurtado, fue preparado un decreto ley que facultaba al Presidente de la República a caducar las pertenencias mineras de las empresas extranjeras. La respuesta del Gobierno de EEUU no se hizo esperar. De inmediato ordenó el zarpe de la flota de guerra asentada en Panamá para “proteger sus intereses en Chile”, activando el derrocamiento del gobierno revolucionario, que tuvo lugar el 16 de junio, a doce días de su instalación, abortando así el primer intento de nacionalización de la gran minería en nuestro país.


Esta tarea fue asumida como principal por los Congresos Constituyentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, de la Central Única de Trabajadores y del Frente de Acción Popular, en los años 50. Parlamentarios socialistas y comunistas, presentaron proyectos de nacionalización que nunca prosperaron, pero que permitieron abrir un debate nacional que atrajo incluso a líderes políticos de centro y de derecha. Hasta que el 11 de julio de 1971, por iniciativa del Presidente Allende, la unanimidad del Congreso Nacional, aprobó la Reforma Constitucional que permitió la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, siete décadas después de iniciada la explotación minera a gran escala por empresas norteamericanas.


No se trataba de un proceso puramente chileno. Tras el derrumbe del colonialismo y el auge del movimiento de países No Alineados, se logró que la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Resolución 1803 – del 14 de diciembre de 1962 – denominada "Resolución sobre Soberanía Permanente de los Recursos Naturales", que reconoce "el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas naturales en conformidad a sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados... La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad y de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero".


La legitimidad de la nacionalización es indiscutida, y su absoluta justeza también, pero además constituye el mayor éxito económico de toda nuestra historia, como lo demuestran los siguientes datos. Desde 1971 hasta el año 2007, la empresa estatal Codelco, le ha entregado más de US50.000.000.000 (cincuenta mil millones de dólares) al erario nacional, lo que representa más del doble que el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado absolutamente todas las empresas privadas de todo tipo que existen o han existido en Chile en este mismo período de tiempo, incluyendo los bancos, compañías de seguros, AFP, empresas mineras, forestales, industriales, pesqueras, etc.


Tanto la dictadura como los gobiernos de la Concertación, han legislado expresamente para permitir que la inversión extranjera se extendiera hasta controlar, actualmente, dos tercios de la producción, pese a que en 1973 no alcanzaban a producir el 10 % de la producción nacional, y sólo el 17 % en 1989, lo que indica que la desnacionalización se produjo esencialmente a partir de 1990.

El gobierno de Patricio Aylwin promulgó la Ley Nº 18.985, que incentivó la inversión extranjera en Chile. Al mismo tiempo que aumentaba “transitoriamente” el IVA, de 16 a 18%, prácticamente suprimía la tributación de las mineras extranjeras, al pasar de renta presunta a “renta efectiva”. Con este privilegio, prácticamente inexistente en el resto del mundo y que la dictadura no concedió, las transnacionales mineras ingresaron capitales y aumentaron la producción muy por encima de la demanda mundial de cobre generando sobreproducción.


Esto determinó el colapso del precio del cobre que cayó de 1,5 dólares la libra en 1989, a sólo 0,6 dólares en 1999, lo que provocó un daño enorme e irreparable a la economía nacional. Sólo después del año 2005 la sobreproducción desapareció y el precio del cobre aumentó gracias a que el crecimiento de la producción chilena bajó considerablemente, por efecto del Tratado Minero con Argentina, y sobretodo porque dicho tratado no pudo funcionar por disposición del Tribunal Constitucional.


En el 2006 los aportes de Codelco alcanzaron a los 9.215 millones de dólares, mientras que las mineras extranjeras durante ese mismo año, pagaron solamente alrededor de 3 mil millones de dólares, sumando el impuesto a la renta y el llamado “royalty 2” que en verdad no es un royalty sino un impuesto. Es decir, las empresas transnacionales, pese a que producen el doble que Codelco aportan al erario nacional tres veces menos que la empresa estatal.


CODELCO aporta al Estado 6 veces más que las mineras extranjeras.
Dicho de otro modo, si CODELCO explotara también los yacimientos mineros que hoy poseen las mineras extranjeras, el Estado devengaría 19 mil millones de dólares, en lugar de 3 mil millones que dichas mineras tributan en la actualidad. Esta diferencia de 16 mil millones, es lo que los chilenos perdemos por no tener nacionalizados esos yacimientos que hoy explotan empresas extranjeras.

Chile posee cerca del 50 % de las reservas mundiales de este metal, que tiene un valor estratégico y económico de extrema importancia para la humanidad, que solo es superado por el petróleo.

Una tercera razón para nacionalizar la gran minería, está dado por la experiencia y los conocimientos que han alcanzado en esta industria nuestros trabajadores y nuestros profesionales, lo que significa que los chilenos no necesitamos trabajadores ni técnicos extranjeros, ni tampoco necesitamos otros profesionales extranjeros para explotar nuestras riquezas mineras. Somos absolutamente autosuficientes para ello.

Finalmente, no existe además ningún impedimento de orden legal, constitucional, ni internacional, que nos impida nacionalizar nuestras riquezas básicas.


(*) El autor de esta ponencia es el economista Julián Alcayaga Olivares.

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