25/8/08

Las 15 Preguntas de Monseñor Luis Infanti

1. ¿Cuáles son los recursos naturales de nuestra región, y cuáles de ellos son los más importantes para tu vida y la vida de nuestra sociedad?

2. ¿Sabes cuáles son las principales cuencas acuíferas de nuestra región?

3. ¿Conoces la actual “ley de aguas”? ¿Responde a las exigencias del Chile que queremos?

4. ¿Sabes quiénes son los principales propietarios de los “derechos de uso de aguas” de nuestra Región, y cuándo y a qué precio los consiguieron?

5. ¿Sabes dónde se ubicarían las mega represas que se están proyectando, y por dónde pasarían los tendidos eléctricos que trasladarían la energía?

6. ¿Qué efectos crees que podrían producir en el medio ambiente? ¿Serían compatibles con el desarrollo sustentable de la Región y del País?

7. ¿Si se construyeran esas megas represas, qué cambios podrían producirse en la vida de la gente y en tu misma vida?

8. ¿Qué beneficios podrían aportar esos mega proyectos, y para quienes serían?

9. ¿Crees que la posibilidad de empleo podría aumentar, después de la eventual construcción de las mega represas?

10. ¿Qué alternativas a esos mega proyectos podrías vislumbrar y proponer para conseguir los mismos o mayores beneficios?

11. Si consideras que: una empresa construye las represas, otra empresa traslada la energía a Santiago, y una tercera la distribuye y comercializa, ¿Quién crees que podría ofrecer realmente una energía más barata para nuestra Región?

12. ¿Qué juicios éticos darías sobre esos proyectos?

13. ¿Cómo te imaginas nuestra Región en 10, 20, 50 años más?

14. ¿Cómo crees que nuestra Región podría tener hoy poder de decisión frente a estos temas?

15. ¿Qué pasos podríamos dar, para que tu opinión sea tenida en cuenta?

Obispo de Aisén Lanza Dura Carta

''El poder económico maneja al poder político y al judicial''
El emblemático sacerdote Luis Infanti lleva la batuta en la defensa del medio ambiente y por eso presentará la “Carta Pastoral del Agua”, que hará pública junto al mítico teólogo de la Liberación.
Sitúa al mismo nivel la depredación de la naturaleza con las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y plantea una mirada ética-religiosa que rechaza la “venta” de los recursos naturales. Su propuesta es cambiar la Constitución y nacionalizar el vital elemento, todo, por cierto, en el contexto de su batalla contra Hidroaysén.
Si durante los años 80 la Iglesia Católica llevó la voz cantante en la defensa de los derechos humanos en medio de la represiva dictadura militar, la cruzada actual que empieza a tomar fuerza en el mundo eclesiástico apunta a amparar los derechos medioambientales de los pobladores.

Y si antes el conflicto llevaba uniforme militar, hoy se viste de neoliberalismo. Atuendo que a ojos del obispo de Aysén, Luis Infanti, responde a una herencia directa del régimen de Augusto Pinochet y de su más arraigada hija: la Constitución.

Porque en su opinión, la Carta Magna que nos rige abrió las puertas a la “venta” del país y a quien tenga plata “compre lo que quiera, incluyendo la conciencia de las personas”. Pero lo más preocupante para este italiano radicado en Chile desde 1973, es el silencioso y progresivo traspaso de los recursos nacionales a holding extranjeros. Sobre todo los hídricos.

Por eso, el próximo 26 de agosto presentará “La Carta Pastoral del Agua” de más de 100 páginas y que seguirá en la línea de una primera misiva que escribió en 2006 y donde formuló 15 preguntas a la comunidad, promoviendo la reflexión en torno al tema medioambiental desde una mirada ética y espiritual, especialmente sobre el agua y los megaproyectos hidroeléctricos en general.

Pero esta vez el texto no sólo traerá preguntas, sino que apuntará a remover conciencias tanto a nivel ciudadano como gubernamental para la titánica tarea de cambiar la Constitución. Y la no menos complicada meta de abrir la ruta hacia la nacionalización del vital elemento.

La fecha elegida para difundir la misiva no es casual: ese día Leonardo Boff, uno de los principales mentores de la Teología de la Liberación y un ícono del movimiento ecologista de Brasil, se encontrará en Coyhaique y participará en la presentación del escrito. No fue fácil coordinar su llegada, pero, aprovechando un encuentro al que asistirá el brasileño en Bariloche, se hizo el enlace.

Pero la veta medioambiental promovida por Infanti también ha calado en otras latitudes: la fuerte arremetida de la Iglesia en proyectos como Pascua Lama en la Tercera Región, la creación de la Pastoral del Medio Ambiente en Villarrica o el trabajo medioambiental a través del Departamento de Acción Social (DAS) de Temuco, dan cuenta de un movimiento que va cobrando fuerza. Y cuya inspiración no vino del cielo, pero casi: las líneas se trazaron luego de la Quinta Conferencia del Episcopado en Aparecida, Brasil, en 2007, donde se incorporó a los mandamientos eclesiásticos el desarrollo sustentable y la activa participación de la Iglesia en el tema.

¿Cuáles son los principales temas a los que apunta en su carta?

-La problemática actual del medio ambiente, principalmente en torno al agua. Quiénes son los propietarios en Chile, qué uso se le da, cuál es el trato que recibe legalmente. También desde el punto de vista de la energía, sobre los usos varios que se la da al agua y qué energías son de vida y de muerte: ahí se trata específicamente lo relativo a las megarepresas. Y no me refiero sólo a HidroAysén, sino también a Xstrata Copper, que planea unas hidroeléctricas en los ríos donde fue el epicentro del terremoto el año pasado.

También me refiero al negocio del agua. Porque hay que tomar en cuenta que es uno de los elementos que escasean en el mundo, al punto de que se cree que para el año 2025, 40 por ciento de la humanidad no tendrá alcance al agua potable. Y eso legalmente hablando en Chile tiene un cuestionamiento muy serio.

Según su tesis, el sistema neoliberal ha delineado la realidad medioambiental del país ¿De qué forma se ha llegado a eso?

-Una sociedad consumista fruto de una política neoliberal desenfrenada lleva a que gastemos y gastemos siempre más, que busquemos un desarrollo cada vez más desmedido. Y todo desarrollo necesariamente pasa por usar bienes de la naturaleza. Sin embargo, el gran cuestionamiento de la crisis económica es que vamos destruyendo con este uso desmedido, haciendo morir el planeta.

Sin embargo hay fuentes de energía que no son contaminantes ni destructivas, como la solar, eólica o mareomotriz, todas ellas de un enorme potencial en Chile. Pero no existe una política energética de Estado, que deja que la empresa privada asuma la responsabilidad de la producción energética. Evidentemente los criterios esenciales de la empresa privada apuntan al menor gasto y mayor rentabilidad, por lo tanto va por lo más fácil. Me pregunto ¿es éticamente correcta esta postura?

¿Considera que el Gobierno hace la vista gorda al respecto?

-Esto es un problema de Estado, no del Gobierno. Por eso entiendo que sería importante que las autoridades elegidas asuman su responsabilidad de soberanía. Incluso, los bienes y el potencial energético medioambiental se convierta en un tema de Estado. Por eso que el asunto de las aguas de Aisén y su uso es un tema estatal, no un problema de privados.

Iglesia “verde”

¿Considera que la defensa del medio ambiente asumido por la Iglesia en varias regiones del país puede equipararse a la lucha por los derechos humanos liderada durante la dictadura?

-Lo que yo planteo es que aquí en Aisén por lo menos, así como en el Valle del Huasco con el proyecto minero Pascua Lama, el tema medioambiental es una violación de la misma intensidad al las violaciones a los Derechos Humanos. Echar a perder, violentar la naturaleza, es una agresión contra el ser humano y contra el creador de esa naturaleza. En ese sentido diría que es un pecado social grave, que tiene la misma intensidad valórica que violar los derechos y divinidad de la persona.

Pero aún el movimiento no es a nivel nacional…

- Es que en otras regiones todavía no tienen problemas tan relevantes ni emblemáticos, lo que no quiere decir que no tengan problemas medioambientales. Como aún el asunto es muy localizado, como Iglesia de Chile todavía no está muy calientito el tema que digamos. Pero creo que esta carta va a encender un fuego que espero arda.

¿Por qué debería “prender” esta carta?

-Al tener una mirada ética-bíblica y espiritual sobre temas relevantes como el agua y el medio ambiente, evidentemente tiene que alcanzar problemáticas políticas económicas, empresariales, populares. Y obviamente a la autoridad. De hecho, uno de los temas importantes que se tocan es la estructura del poder que hay en Chile: el poder político, económico y judicial es el mismo que había en tiempos de dictadura. De esto he hablado personalmente con la Presidenta Michelle Bachelet.

¿Y qué concluyeron?

-Conversamos…. El encuentro fue en el marco de lo que viví directamente en el Caso Aisén. Los hechos son tan contundentes que uno no lo puede desmentir: el poder económico maneja al poder político y al judicial, son una íntima unidad. Entonces hay una estructura de poder para mantenerse en el poder, y pasa lo mismo con el tema de las megarepresas, porque jurídicamente tienen todo los derechos asegurados. No hay ningún derecho que señale que están haciendo algo ilegal.

15/8/08

El tratado Chile-EE.UU. es un esfuerzo por amarrar un modelo

La nacionalización recuperó para los chilenos su principal riqueza, que hasta ese momento estaba en manos de tres consorcios norteamericanos, los cuales se llevaron del país durante los años que la explotaron 130 veces la inversión inicial efectuada. Se materializó modificando la Constitución, con la aprobación por unanimidad en el Congreso.

Ello si no se analiza lo realmente acontecido puede llevar a conclusiones equivocadas. Se podría pensar que se efectuó con la anuencia de los sectores más reaccionarios. No fue así. Debieron ceder ante una presión nacional gigantesca, en un movimiento que se fue construyendo durante décadas, desde que se presentaron los proyectos de ley de nacionalización. Primero por los senadores comunistas Elías Lafferte y Salvador Ocampo y posteriormente por Salvador Allende en nombre de los parlamentarios socialistas. Ello muestra la fuerza que puede adquirir una consigna cuando es hecha suya por grandes mayorías. Es una enseñanza a tener presente.


En la ley de nacionalización se aplicó la doctrina Allende de cancelarla con las ganancias excesivas obtenidas durante los años que los consorcios norteamericanos explotaron los yacimientos. Este principio de aplicarse en la actualidad entraría en contradicción con el Tratado de Libre Comercio suscrito en 2004 durante el gobierno Lagos con EE.UU., que establece la inmodificabilidad de las condiciones no sólo para las inversiones efectuadas sino que para las en trámite.

Es difícil concebir un tratado más antinacional. Por tanto, la defensa de los recursos naturales debe entenderse como una parte muy importante de un proyecto nacional que adquiere dimensiones más vastas. Con razón dijimos en su oportunidad que el tratado Chile-EE.UU. era un esfuerzo por amarrar un modelo del cual hay que liberarse.

Este tratado se defendió argumentando que traería recursos para el desarrollo del país, también para el aprovechamiento de sus recursos naturales, pero sucede que las nuevas explotaciones privadas se efectúan básicamente gracias a reinversiones, o sea utilizando parte de las rentabilidades obtenidas, ni siquiera por tanto con capitales frescos. Por lo demás, Chile a través de diferentes vías –incluso utilizando ahorro obligado de los trabajadores- tiene colocados en el exterior decenas de miles de millones de dólares, aportando a un ahorro mundial que es captado mayoritariamente por EE.UU.

En 1978, cuando el poderoso consorcio norteamericano Exxon adquirió los activos de La Disputada de Las Condes, nacionalizada durante el gobierno de Salvador Allende y que quedó en poder de la Enami, la mayor empresa petrolífera del mundo para impedir cualquier posible nacionalización futura y con la complicidad de la dictadura impuso condiciones económicas que lo impidiese, estableciendo un mecanismo de valorización de sus activos que llevase a montos elevadísimos a pagar en casos de nacionalización que la hiciese inviable.

¿Es posible que estas condiciones continúen vigentes treinta años después y con 18 años de gobiernos de la Concertación?

¿Por qué el tema vuelve a plantearse?

Enami tiene vigente una opción preferente que se activa cada tres años y que se puede ejercer hasta diciembre próximo. Esta cláusula permaneció inmodificada durante el gobierno de Lagos cuando la anglosudafricana AngloAmerican adquirió el yacimiento a Exxon en una escandalosa operación, ya que se cancelaron US$1.200 millones por yacimientos y procesos productivos que mediante manejos contables inaceptables experimentó año a año pérdidas, lo cual muestra nítidamente que Exxon estafó al país y se aceptó que lo hiciese.


A petición del ministerio de Minería Codelco evalúa actualmente la ventaja o no de utilizar la opción preferente de Enami.

¿Se puede considerar como válidas condiciones tan aberrantes?

El tema tiene aún más trascendencia ya que la ex Disputada de Las Condes constituye en realidad un solo mineral con Andina, propiedad de Codelco. El gobierno en vez de terminar con un acuerdo abusivo declaró a través de su ministro de Minería, Santiago González, que “nos hemos preocupado de que Codelco también haga un estudio de la posibilidad de adquirir esta opción”.

Una empresa estatal adquiriría así en miles de millones de dólares, más que los desembolsados por Anglo American, para recuperar parte de un yacimiento que la ley de nacionalización del cobre estableció claramente que era propiedad del Estado chileno. No sólo se entregaron recursos naturales sino que, al mismo tiempo se establecieron condiciones leoninas para impedir su recuperación, con la misma orientación que después se aceptó al suscribir el TLC con EE.UU.


Han transcurrido 18 años desde la caída de la dictadura. Resulta increíble afirmaciones que se efectúan con relación a los recursos naturales.

La Universidad Adolfo Ibañez y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) tiene como su objetivo central la privatización de Codelco, realizaron durante estos días un seminario sobre el tema “El futuro de Codelco”. En esa reunión, el presidente ejecutivo de la empresa estatal, José Pablo Arellano, finalizó su intervención expresando su “esperanza” de que se proponga la derogación de la Ley Reservada del Cobre dejada como herencia por la dictadura, que contiene una modificación introducida durante esos años donde se establece que el 10% de las ventas de Codelco deben destinarse a la adquisición de armamentos para las FF.AA.

“Esta en nuestro interés – sostuvo Arellano – que esto se reforme en el plazo más breve, lo antes que sea posible” (24/06/08).


Han transcurrido, repito, 18 años, incluyendo el período en que la actual presidenta fue ministra de Defensa sin que esta disposición se derogase. Este tributo viola todo principio elemental, incluso en el terreno impositivo que plantea la igualdad de los gravámenes a cancelar, ya que los consorcios privados no tienen esta obligación, siendo uno de los muchos hechos que deja en desventaja a Codelco frente a su competencia.

El año pasado Codelco entregó para la adquisición de armamentos US$1.390 millones, la mayor suma desde que existe esta disposición, un porcentaje importante de dicho total pasó a formar parte del superávit fiscal, quedando eso sí reservado para adquirir armamentos a futuro.

Desde 2004, cuando comenzó el boom en el precio del cobre los montos entregados por este motivo superan dicha cantidad mínima, en una suma de US$2.323 millones.

La estimación para el presente año es que dicho 10% sobre las ventas a realizar por Codelco llegará a US$1.600 millones, superando en unas 3,5 veces el mencionado monto mínimo. Con esta suma se completarían durante los gobiernos de la Concertación más de US$9.000 millones reunidos con este propósito, ya que entre 1990 y 2007 el traspaso de recursos sumó US$7.419 millones.


Codelco debe ser la única gran empresa mundial que traspasa prácticamente todo sus excedentes al Estado, con el agravante que en un alto porcentaje, con el ortodoxo mecanismo presupuestario en aplicación, se transforma en un superávit fiscal sin tope, que se coloca en un alto porcentaje en activos financieros en el exterior, con tasas de rentabilidad además muy bajas.


Por lo demás, en los gobiernos de la Concertación se entregó a privados el yacimiento El Abra, con el agravante que esa participación mayoritaria se volvió a vender en el exterior, sin que Codelco –que mantiene el 49% de la propiedad- ni el Estado chileno hayan dado ningún paso en defender sus derechos.

Los yacimientos de la principal riqueza natural del país se compran y venden en el exterior entre empresas transnacionales, permaneciendo el Estado como un espectador más, a pesar de que su propiedad –de acuerdo con la Constitución– le pertenece a Chile.

De esta manera las transnacionales cupríferas no solo tienen la increíble ventaja de explotarlas sin cancelar prácticamente renta por ello, como acontece en la generalidad de los países, ni aplicárseles el principio de retener parte de las ganancias excesivas que obtienen por muchos años, dada la fase actual de altas cotizaciones del metal rojo en los mercados internacionales, sino que además se dan el lujo de venderlos posteriormente de acuerdo a sus intereses, en montos muchas veces muy superiores a los de adquisición, limitándose a veces sólo a informar de los pasos realizados.

Las ganancias generadas en estas operaciones habitualmente ni siquiera tributan en el país.


Este año se puso en marcha el yacimiento Gabriela Mistral, que viene a amortiguar la caída de producción que viene experimentando Codelco, por la disminución de las leyes del mineral. Resulta inadmisible que habiéndose puesto en producción por Codelco, contando el país de una gran disponibilidad de recursos financieros colocados hemos ya dicho a bajas tasas de rentabilidad en el exterior, se discuta si parte de su propiedad se le entrega a la empresa china Minmetals, a pesar de la oposición que produce en la opinión pública y entre los trabajadores de Codelco. Pasan las semanas sin que se aclare su futuro.

En los cinco primeros meses del presente año las ventas al exterior del sector minero representaron un 62,7% del total exportado, y específicamente las de cobre un 54,6%. Los mismos meses del año pasado fue muy similar: 64,4% y un 55,8%, respectivamente. Los incrementos de las cotizaciones de los principales rubros mineros de exportación de un año al otro hicieron la diferencia. Al mismo tiempo, ello conduce a que para el país sea muy determinante lo que acontezca en los mercados receptores, situación que permite visualizar también el impacto en la economía nacional de la crisis cíclica que se vive actualmente, con epicentro en EE.UU. y en las economías industrializadas.

A nivel mundial los países y empresas buscan como aprovechar esta situación. ¿Qué hacen en esta coyuntura –que se extiende por varios años- las autoridades chilenas, país que es el mayor productor y exportador de cobre a nivel mundial? No existe una política de comercialización nacional ni tampoco de defensa y desarrollo de Codelco.

En 2007, los yacimientos cupríferos controlados en territorio nacional por el consorcio angloaustraliano BHP Billiton –solo o en asociación con otras transnacionales– produjeron más cobre que Codelco. Ha alcanzado un punto extremo la disminución en la gravitación, incluso internamente, de la empresa estatal. Se trata de un hecho de la mayor gravedad. Ello retrata claramente las grandes tareas que el pueblo nuevamente tiene ante sí.


HUGO FAZIO RIGAZZI

Julio 2008

3/8/08

Pacto entre Caballeros

Recién se supo de un pacto para repartirse los nombramientos en la Suprema. Hoy por ti, mañana por mí. Esos pactos violan las reglas. Por eso, la Presidenta y la oposición se equivocan al reclamar su cumplimiento. ¿A dónde llegaríamos si hacemos del cumplimiento de los pactos -cualquiera ellos sean- la medida del buen comportamiento?
Carlos Peña

"Yo cumplo la palabra empeñada" -dijo la Presidenta para explicar por qué propuso a Alfredo Pfeiffer como ministro de la Corte Suprema.

Nada hacía pensar que alguien como él pudiera ser nominado. No cree en la supremacía del derecho internacional. Nunca se caracterizó por su defensa de los derechos humanos. No es un jurista de nota. Es apenas un hombre de firmes convicciones conservadoras: incluidas las que no se concilian con los valores de la Constitución.

En suma, el candidato perfecto para no ser promovido. Menos por Bachelet.

¿Por qué fue nominado, entonces?

La regla obligaba a un pacto -explicó la Presidenta.

Como el nombramiento debe contar con un alto quórum del Senado, se convino ir de uno en uno con la oposición. Uno para ti, otro para mí. Un riguroso juego de toma y saca.

La Presidenta cumplió el acuerdo, una parte de la Concertación, no. El resultado fue que Alfredo Pfeiffer no llegó, al menos por ahora, a la Corte Suprema.

¿Quién actuó mal en todo esto? ¿Quienes cumplieron el acuerdo o aquellos que le fueron infieles? ¿Cuál de los dos obró de manera indebida?

Para responder esas preguntas, es indispensable recordar el sentido que tiene el actual procedimiento para nombrar ministros de la Corte Suprema.

Hasta el año 1997, los ministros se nombraban por el Presidente de una lista propuesta por la Corte. El procedimiento era opaco, obligaba a la genuflexión de los candidatos, a las promesas de lealtad y a ejercer la peor forma de la política: besamanos en La Moneda, conversaciones de pasillo, respiraciones contenidas. ¡Esa sí que era politización de la peor calaña!

La regla que se introdujo -que entrega al Senado la aprobación de la propuesta presidencial- buscaba, en cambio, hacer el procedimiento más transparente. Como el Senado es un foro -uno de los foros de la democracia-, se esperaba que, antes del nombramiento, hubiera audiencias y deliberaciones públicas para verificar si el candidato estaba o no a la altura de los valores constitucionales. ¡Política también¡ ¡Pero de la indispensable para la democracia!

Allí donde había opacidad, habría transparencia. Donde existía genuflexión, habría diálogo. Donde había un pasillo, existiría una plaza.

Sonaba estupendo.

Pero no. En vez de eso hubo un acuerdo. El Senado y el Gobierno decidieron cambiar esa regla (que como vimos obliga a la deliberación pública) por un sistema de turnos: hoy por ti, mañana por mí. En otras palabras, se pusieron de acuerdo para burlarla: en vez de deliberar acerca del mejor candidato (que es lo que la norma prescribe) habrían convenido repartirse, por turnos, los cupos.

Nada de eso era digno ni merecía acatarse. ¿Cómo va a ser legítimo u obligatorio cumplir un acuerdo que elude las reglas entregadas por los ciudadanos? ¿Desde cuándo basta acordar algo para que ese algo sea legítimo?

Enséñeles usted eso a sus hijos: que pueden abandonar sus deberes a condición de que se pongan de acuerdo y tengan cómplices. Dígales lo mismo a los directores de una sociedad anónima: pueden defraudar a los accionistas a condición de que se pongan de acuerdo. Enséñeles eso a los administradores de universidades: no importa lo que hagan, a condición de que estén de acuerdo. ¿A dónde llegaríamos si, irreflexivamente, transformamos los acuerdos, por el solo hecho de ser tales, en medida del buen comportamiento? ¿A dónde terminaríamos si hacemos de los "pactos entre caballeros" -los acuerdos con prescindencia de la licitud de su contenido- la medida de la corrección?

Por eso se equivoca la Presidenta cuando presume de haber cumplido su palabra. También la oposición, cuando se queja de que la Concertación no cumplió la suya.

La razón es muy simple: los acuerdos para transgredir las reglas -porque eso fue lo que hubo en este caso- no obligan a nadie. La regla obliga a deliberar si el candidato es bueno. No a cerrar los ojos para homenajear un acuerdo.

Tampoco es cierto que la norma vigente conduzca necesariamente a ese tipo de repartos. Nada de eso. La regla obliga a dirimir sobre la base de criterios comunes qué candidato representa mejor los valores constitucionales. Y eso es distinto a una distribución de los cupos que -lo saben todos- transgrede la regla.

Por eso, ese tipo de pactos -lo decía Kant- suelen ser secretos.

Son secretos porque son impresentables.

"¿Cómo va a ser legítimo u obligatorio cumplir un acuerdo que elude las reglas entregadas por los ciudadanos? ¿Desde cuándo basta acordar algo para que ese algo sea legítimo?".

2/8/08

DENUNCIAN MASIVOS DESPIDOS EN TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE


Los tres sindicatos de Televisión Nacional de Chile (TVN) denunciaron hoy el despido de unos 42 trabajadores y señalaron que la medida responde a “la implacable conducta de la actual administración que bajo el argumento de la modernización reduce costos en trabajadores, mientras aumenta los gastos en el equipo gerencial”.


Los dirigentes culpan a la Gerencia de TVN de ser la responsable del clima laboral que se vive en la red estatal y argumentan que estas “malas prácticas” se producen ad portas de la próxima Negociación Colectiva de los trabajadores del canal. “El Sr. de la Querencia y sus empleados de confianza están invadiendo los pasillos de TVN”, señalan los dirigentes sindicales refiriéndose a David Belmar, Gerente del canal.

Además, plantean que en un comunicado firmado por Belmar, la red estatal justifica los despidos como “una solución a las legítimas aspiraciones de desarrollo de la carrera de los trabajadores”. Lo que fue catalogado por los sindicatos Nº1, Nº2 y Nº3 como “una mentira”.

“Por años todos los nuevos grupos de trabajadores que se incorporan han sido mal pagados y han tenido sistemas ilegales de contratación –boletas de honorarios o contratos por faena- y en el último tiempo aplicación de normas dudosas para empresas como TVN” -contratos por un día, contratos de artes y espectáculo-, dicen los dirigentes.

Y cuestionan los planes de carrera que posee TVN, toda vez que dicen “ No hay posibilidades de movilidad y ascensos salvo para los empleados y mandos apadrinados por las jefaturas. Los planes de carrera por mérito han sido reemplazados por el dominio de pequeños caciques y jefecillos que en algún caso han llegado a golpear a subordinados, sin que a la fecha exista sanción a esa conducta”.

Finalmente en una declaración pública, los tres sindicatos llamaron al resto de “los trabajadores, a las Autoridades, a los Representantes de la voluntad popular y a la opinión pública a estudiar lo que informamos y adoptar una posición activa para defender la misión de la Televisión Pública”.

Pues dijeron que “TVN no puede administrarse teniendo como único punto de vista la rentabilidad. Así no servimos a la misión institucional que nos ordena la ley”.

DIJISTE LIBERTAD ANTES QUE NADIE