15/8/08

El tratado Chile-EE.UU. es un esfuerzo por amarrar un modelo

La nacionalización recuperó para los chilenos su principal riqueza, que hasta ese momento estaba en manos de tres consorcios norteamericanos, los cuales se llevaron del país durante los años que la explotaron 130 veces la inversión inicial efectuada. Se materializó modificando la Constitución, con la aprobación por unanimidad en el Congreso.

Ello si no se analiza lo realmente acontecido puede llevar a conclusiones equivocadas. Se podría pensar que se efectuó con la anuencia de los sectores más reaccionarios. No fue así. Debieron ceder ante una presión nacional gigantesca, en un movimiento que se fue construyendo durante décadas, desde que se presentaron los proyectos de ley de nacionalización. Primero por los senadores comunistas Elías Lafferte y Salvador Ocampo y posteriormente por Salvador Allende en nombre de los parlamentarios socialistas. Ello muestra la fuerza que puede adquirir una consigna cuando es hecha suya por grandes mayorías. Es una enseñanza a tener presente.


En la ley de nacionalización se aplicó la doctrina Allende de cancelarla con las ganancias excesivas obtenidas durante los años que los consorcios norteamericanos explotaron los yacimientos. Este principio de aplicarse en la actualidad entraría en contradicción con el Tratado de Libre Comercio suscrito en 2004 durante el gobierno Lagos con EE.UU., que establece la inmodificabilidad de las condiciones no sólo para las inversiones efectuadas sino que para las en trámite.

Es difícil concebir un tratado más antinacional. Por tanto, la defensa de los recursos naturales debe entenderse como una parte muy importante de un proyecto nacional que adquiere dimensiones más vastas. Con razón dijimos en su oportunidad que el tratado Chile-EE.UU. era un esfuerzo por amarrar un modelo del cual hay que liberarse.

Este tratado se defendió argumentando que traería recursos para el desarrollo del país, también para el aprovechamiento de sus recursos naturales, pero sucede que las nuevas explotaciones privadas se efectúan básicamente gracias a reinversiones, o sea utilizando parte de las rentabilidades obtenidas, ni siquiera por tanto con capitales frescos. Por lo demás, Chile a través de diferentes vías –incluso utilizando ahorro obligado de los trabajadores- tiene colocados en el exterior decenas de miles de millones de dólares, aportando a un ahorro mundial que es captado mayoritariamente por EE.UU.

En 1978, cuando el poderoso consorcio norteamericano Exxon adquirió los activos de La Disputada de Las Condes, nacionalizada durante el gobierno de Salvador Allende y que quedó en poder de la Enami, la mayor empresa petrolífera del mundo para impedir cualquier posible nacionalización futura y con la complicidad de la dictadura impuso condiciones económicas que lo impidiese, estableciendo un mecanismo de valorización de sus activos que llevase a montos elevadísimos a pagar en casos de nacionalización que la hiciese inviable.

¿Es posible que estas condiciones continúen vigentes treinta años después y con 18 años de gobiernos de la Concertación?

¿Por qué el tema vuelve a plantearse?

Enami tiene vigente una opción preferente que se activa cada tres años y que se puede ejercer hasta diciembre próximo. Esta cláusula permaneció inmodificada durante el gobierno de Lagos cuando la anglosudafricana AngloAmerican adquirió el yacimiento a Exxon en una escandalosa operación, ya que se cancelaron US$1.200 millones por yacimientos y procesos productivos que mediante manejos contables inaceptables experimentó año a año pérdidas, lo cual muestra nítidamente que Exxon estafó al país y se aceptó que lo hiciese.


A petición del ministerio de Minería Codelco evalúa actualmente la ventaja o no de utilizar la opción preferente de Enami.

¿Se puede considerar como válidas condiciones tan aberrantes?

El tema tiene aún más trascendencia ya que la ex Disputada de Las Condes constituye en realidad un solo mineral con Andina, propiedad de Codelco. El gobierno en vez de terminar con un acuerdo abusivo declaró a través de su ministro de Minería, Santiago González, que “nos hemos preocupado de que Codelco también haga un estudio de la posibilidad de adquirir esta opción”.

Una empresa estatal adquiriría así en miles de millones de dólares, más que los desembolsados por Anglo American, para recuperar parte de un yacimiento que la ley de nacionalización del cobre estableció claramente que era propiedad del Estado chileno. No sólo se entregaron recursos naturales sino que, al mismo tiempo se establecieron condiciones leoninas para impedir su recuperación, con la misma orientación que después se aceptó al suscribir el TLC con EE.UU.


Han transcurrido 18 años desde la caída de la dictadura. Resulta increíble afirmaciones que se efectúan con relación a los recursos naturales.

La Universidad Adolfo Ibañez y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) tiene como su objetivo central la privatización de Codelco, realizaron durante estos días un seminario sobre el tema “El futuro de Codelco”. En esa reunión, el presidente ejecutivo de la empresa estatal, José Pablo Arellano, finalizó su intervención expresando su “esperanza” de que se proponga la derogación de la Ley Reservada del Cobre dejada como herencia por la dictadura, que contiene una modificación introducida durante esos años donde se establece que el 10% de las ventas de Codelco deben destinarse a la adquisición de armamentos para las FF.AA.

“Esta en nuestro interés – sostuvo Arellano – que esto se reforme en el plazo más breve, lo antes que sea posible” (24/06/08).


Han transcurrido, repito, 18 años, incluyendo el período en que la actual presidenta fue ministra de Defensa sin que esta disposición se derogase. Este tributo viola todo principio elemental, incluso en el terreno impositivo que plantea la igualdad de los gravámenes a cancelar, ya que los consorcios privados no tienen esta obligación, siendo uno de los muchos hechos que deja en desventaja a Codelco frente a su competencia.

El año pasado Codelco entregó para la adquisición de armamentos US$1.390 millones, la mayor suma desde que existe esta disposición, un porcentaje importante de dicho total pasó a formar parte del superávit fiscal, quedando eso sí reservado para adquirir armamentos a futuro.

Desde 2004, cuando comenzó el boom en el precio del cobre los montos entregados por este motivo superan dicha cantidad mínima, en una suma de US$2.323 millones.

La estimación para el presente año es que dicho 10% sobre las ventas a realizar por Codelco llegará a US$1.600 millones, superando en unas 3,5 veces el mencionado monto mínimo. Con esta suma se completarían durante los gobiernos de la Concertación más de US$9.000 millones reunidos con este propósito, ya que entre 1990 y 2007 el traspaso de recursos sumó US$7.419 millones.


Codelco debe ser la única gran empresa mundial que traspasa prácticamente todo sus excedentes al Estado, con el agravante que en un alto porcentaje, con el ortodoxo mecanismo presupuestario en aplicación, se transforma en un superávit fiscal sin tope, que se coloca en un alto porcentaje en activos financieros en el exterior, con tasas de rentabilidad además muy bajas.


Por lo demás, en los gobiernos de la Concertación se entregó a privados el yacimiento El Abra, con el agravante que esa participación mayoritaria se volvió a vender en el exterior, sin que Codelco –que mantiene el 49% de la propiedad- ni el Estado chileno hayan dado ningún paso en defender sus derechos.

Los yacimientos de la principal riqueza natural del país se compran y venden en el exterior entre empresas transnacionales, permaneciendo el Estado como un espectador más, a pesar de que su propiedad –de acuerdo con la Constitución– le pertenece a Chile.

De esta manera las transnacionales cupríferas no solo tienen la increíble ventaja de explotarlas sin cancelar prácticamente renta por ello, como acontece en la generalidad de los países, ni aplicárseles el principio de retener parte de las ganancias excesivas que obtienen por muchos años, dada la fase actual de altas cotizaciones del metal rojo en los mercados internacionales, sino que además se dan el lujo de venderlos posteriormente de acuerdo a sus intereses, en montos muchas veces muy superiores a los de adquisición, limitándose a veces sólo a informar de los pasos realizados.

Las ganancias generadas en estas operaciones habitualmente ni siquiera tributan en el país.


Este año se puso en marcha el yacimiento Gabriela Mistral, que viene a amortiguar la caída de producción que viene experimentando Codelco, por la disminución de las leyes del mineral. Resulta inadmisible que habiéndose puesto en producción por Codelco, contando el país de una gran disponibilidad de recursos financieros colocados hemos ya dicho a bajas tasas de rentabilidad en el exterior, se discuta si parte de su propiedad se le entrega a la empresa china Minmetals, a pesar de la oposición que produce en la opinión pública y entre los trabajadores de Codelco. Pasan las semanas sin que se aclare su futuro.

En los cinco primeros meses del presente año las ventas al exterior del sector minero representaron un 62,7% del total exportado, y específicamente las de cobre un 54,6%. Los mismos meses del año pasado fue muy similar: 64,4% y un 55,8%, respectivamente. Los incrementos de las cotizaciones de los principales rubros mineros de exportación de un año al otro hicieron la diferencia. Al mismo tiempo, ello conduce a que para el país sea muy determinante lo que acontezca en los mercados receptores, situación que permite visualizar también el impacto en la economía nacional de la crisis cíclica que se vive actualmente, con epicentro en EE.UU. y en las economías industrializadas.

A nivel mundial los países y empresas buscan como aprovechar esta situación. ¿Qué hacen en esta coyuntura –que se extiende por varios años- las autoridades chilenas, país que es el mayor productor y exportador de cobre a nivel mundial? No existe una política de comercialización nacional ni tampoco de defensa y desarrollo de Codelco.

En 2007, los yacimientos cupríferos controlados en territorio nacional por el consorcio angloaustraliano BHP Billiton –solo o en asociación con otras transnacionales– produjeron más cobre que Codelco. Ha alcanzado un punto extremo la disminución en la gravitación, incluso internamente, de la empresa estatal. Se trata de un hecho de la mayor gravedad. Ello retrata claramente las grandes tareas que el pueblo nuevamente tiene ante sí.


HUGO FAZIO RIGAZZI

Julio 2008

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