3/8/08

Pacto entre Caballeros

Recién se supo de un pacto para repartirse los nombramientos en la Suprema. Hoy por ti, mañana por mí. Esos pactos violan las reglas. Por eso, la Presidenta y la oposición se equivocan al reclamar su cumplimiento. ¿A dónde llegaríamos si hacemos del cumplimiento de los pactos -cualquiera ellos sean- la medida del buen comportamiento?
Carlos Peña

"Yo cumplo la palabra empeñada" -dijo la Presidenta para explicar por qué propuso a Alfredo Pfeiffer como ministro de la Corte Suprema.

Nada hacía pensar que alguien como él pudiera ser nominado. No cree en la supremacía del derecho internacional. Nunca se caracterizó por su defensa de los derechos humanos. No es un jurista de nota. Es apenas un hombre de firmes convicciones conservadoras: incluidas las que no se concilian con los valores de la Constitución.

En suma, el candidato perfecto para no ser promovido. Menos por Bachelet.

¿Por qué fue nominado, entonces?

La regla obligaba a un pacto -explicó la Presidenta.

Como el nombramiento debe contar con un alto quórum del Senado, se convino ir de uno en uno con la oposición. Uno para ti, otro para mí. Un riguroso juego de toma y saca.

La Presidenta cumplió el acuerdo, una parte de la Concertación, no. El resultado fue que Alfredo Pfeiffer no llegó, al menos por ahora, a la Corte Suprema.

¿Quién actuó mal en todo esto? ¿Quienes cumplieron el acuerdo o aquellos que le fueron infieles? ¿Cuál de los dos obró de manera indebida?

Para responder esas preguntas, es indispensable recordar el sentido que tiene el actual procedimiento para nombrar ministros de la Corte Suprema.

Hasta el año 1997, los ministros se nombraban por el Presidente de una lista propuesta por la Corte. El procedimiento era opaco, obligaba a la genuflexión de los candidatos, a las promesas de lealtad y a ejercer la peor forma de la política: besamanos en La Moneda, conversaciones de pasillo, respiraciones contenidas. ¡Esa sí que era politización de la peor calaña!

La regla que se introdujo -que entrega al Senado la aprobación de la propuesta presidencial- buscaba, en cambio, hacer el procedimiento más transparente. Como el Senado es un foro -uno de los foros de la democracia-, se esperaba que, antes del nombramiento, hubiera audiencias y deliberaciones públicas para verificar si el candidato estaba o no a la altura de los valores constitucionales. ¡Política también¡ ¡Pero de la indispensable para la democracia!

Allí donde había opacidad, habría transparencia. Donde existía genuflexión, habría diálogo. Donde había un pasillo, existiría una plaza.

Sonaba estupendo.

Pero no. En vez de eso hubo un acuerdo. El Senado y el Gobierno decidieron cambiar esa regla (que como vimos obliga a la deliberación pública) por un sistema de turnos: hoy por ti, mañana por mí. En otras palabras, se pusieron de acuerdo para burlarla: en vez de deliberar acerca del mejor candidato (que es lo que la norma prescribe) habrían convenido repartirse, por turnos, los cupos.

Nada de eso era digno ni merecía acatarse. ¿Cómo va a ser legítimo u obligatorio cumplir un acuerdo que elude las reglas entregadas por los ciudadanos? ¿Desde cuándo basta acordar algo para que ese algo sea legítimo?

Enséñeles usted eso a sus hijos: que pueden abandonar sus deberes a condición de que se pongan de acuerdo y tengan cómplices. Dígales lo mismo a los directores de una sociedad anónima: pueden defraudar a los accionistas a condición de que se pongan de acuerdo. Enséñeles eso a los administradores de universidades: no importa lo que hagan, a condición de que estén de acuerdo. ¿A dónde llegaríamos si, irreflexivamente, transformamos los acuerdos, por el solo hecho de ser tales, en medida del buen comportamiento? ¿A dónde terminaríamos si hacemos de los "pactos entre caballeros" -los acuerdos con prescindencia de la licitud de su contenido- la medida de la corrección?

Por eso se equivoca la Presidenta cuando presume de haber cumplido su palabra. También la oposición, cuando se queja de que la Concertación no cumplió la suya.

La razón es muy simple: los acuerdos para transgredir las reglas -porque eso fue lo que hubo en este caso- no obligan a nadie. La regla obliga a deliberar si el candidato es bueno. No a cerrar los ojos para homenajear un acuerdo.

Tampoco es cierto que la norma vigente conduzca necesariamente a ese tipo de repartos. Nada de eso. La regla obliga a dirimir sobre la base de criterios comunes qué candidato representa mejor los valores constitucionales. Y eso es distinto a una distribución de los cupos que -lo saben todos- transgrede la regla.

Por eso, ese tipo de pactos -lo decía Kant- suelen ser secretos.

Son secretos porque son impresentables.

"¿Cómo va a ser legítimo u obligatorio cumplir un acuerdo que elude las reglas entregadas por los ciudadanos? ¿Desde cuándo basta acordar algo para que ese algo sea legítimo?".

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